Reporting ESG y de carbono en España
España tiene algunos de los requisitos de reporting de sostenibilidad más activos de la UE. La información no financiera comenzó con la Ley 11/2018, la CSRD de la UE se está transponiendo a la ley española (el proyecto "LEIS") y, desde junio de 2025, el Real Decreto 214/2025 obliga a las grandes empresas a publicar su huella de carbono y un plan de reducción de GEI. Las pymes suelen responder a estas exigencias con el estándar voluntario VSME.
Principales normativas
Transposición española de la Directiva de Información No Financiera de la UE, que exige estados no financieros a empresas con más de 250 empleados que además superen 20 M€ de activos o 40 M€ de facturación.
España transpone la CSRD de la UE mediante la Ley de Información Empresarial sobre Sostenibilidad, ampliando el reporte basado en ESRS para grandes empresas (plazos afectados por la reforma Omnibus de la UE).
En vigor desde junio de 2025, obliga a grandes empresas y administraciones públicas a calcular y publicar su huella de carbono y elaborar planes de reducción de GEI, reportando desde 2026 sobre el ejercicio 2025.
Quién debe reportar
Las grandes empresas españolas están sujetas a la Ley 11/2018 / la transposición de la CSRD y al Real Decreto 214/2025. Las pymes, en general, no están directamente obligadas a reportar, pero reciben cada vez más solicitudes de datos ESG de grandes clientes y bancos — que se responden mejor con VSME.
Marcos relevantes
- VSME — Estándar Voluntario de Reporting de Sostenibilidad para pymes
- CSRD — Directiva de Información Corporativa sobre Sostenibilidad
- GHG Protocol — Estándar Corporativo del Greenhouse Gas Protocol
Preguntas frecuentes
¿Es obligatorio el reporting ESG para las pymes en España?
La mayoría de las pymes no están directamente obligadas a reportar, pero grandes clientes y bancos piden cada vez más datos ESG y de carbono. El estándar voluntario VSME es la forma proporcionada en que las pymes españolas pueden responder.
¿Qué es el Real Decreto 214/2025?
Es una norma española, en vigor desde junio de 2025, que obliga a grandes empresas y administraciones públicas a calcular y publicar su huella de carbono y adoptar planes de reducción de GEI.